Con el objetivo de asegurar una gestión más eficiente del servicio de agua potable en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la entrega de la concesión a la empresa Aguakan. La propuesta busca mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos, tras señalar que el actual modelo no está cumpliendo con las expectativas de la comunidad.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó la importancia de tratar el agua como un derecho humano, enfatizando que no se debe hacer negocio con este recurso vital. “El agua no puede ser tratada como una mercancía. Es un derecho de todos los ciudadanos, y no podemos permitir que se cobren tarifas excesivas sin ofrecer un servicio adecuado”, expresó.

La presidenta añadió que la concesión otorgada a Aguakan no ha cumplido con las necesidades básicas de los usuarios, especialmente en Cancún, donde los costos del servicio siguen siendo elevados mientras que la calidad y cobertura dejan mucho que desear.

¿Está la concesión de agua en Quintana Roo al servicio de los ciudadanos?

“Nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora en que la concesión debe ser entregada. El agua no debe ser privatizada, es un servicio que debe garantizarse para todos”, afirmó Sheinbaum.

La concesión de Aguakan cubre los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y tiene una vigencia de 30 años. Sin embargo, la presidenta insistió en que lo más favorable para los ciudadanos y para el bienestar de la comunidad sería que la concesión fuera entregada al gobierno del estado, buscando una mejor gestión pública de los recursos hídricos.

Representantes de Aguakan mencionaron que, en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, en representación de la gobernadora Mara Lezama, propuso la venta de la concesión y la infraestructura a cambio de 4 mil 500 millones de pesos, una oferta que sigue siendo parte del debate en torno a la privatización de los servicios.

Este llamado a la revisión de la concesión busca garantizar que el acceso al agua potable sea más justo y eficiente, priorizando el bienestar de la población sobre intereses privados.