El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, trabaja en modificaciones legales para reforzar el control sobre cuentas financieras vinculadas con delitos graves, como el lavado de dinero y la delincuencia organizada. El objetivo es evitar que estas cuentas, incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sean liberadas por jueces sin que se haya llevado a cabo un juicio de fondo.

Sheinbaum destacó la necesidad de estas reformas al señalar que, en varios casos, las personas afectadas han logrado desbloquear cuentas mediante suspensiones provisionales, sin que se resuelvan los procesos judiciales. Esto ha generado preocupación sobre posibles actos de corrupción en el ámbito judicial, ya que los recursos bloqueados vuelven a circular sin una revisión exhaustiva.

“Estamos preparando modificaciones legales para que esto no ocurra. En todo caso, debe haber un juicio de fondo para demostrar que los recursos deben ser liberados por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y no por una suspensión inicial”, afirmó Sheinbaum.

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la UIF ha incorporado a la LPB a más de 7,800 personas y empresas, bloqueando un total de 32,500 millones de pesos, además de montos en dólares y euros. No obstante, más de 23,500 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, mientras que otros recursos han sido liberados por decisiones de tribunales administrativos o de la propia UIF.

El caso reciente de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ejemplifica esta problemática, ya que una resolución judicial permitió desbloquear sus cuentas a pesar de contar con órdenes de aprehensión en su contra. Ante esta situación, Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de fortalecer los procedimientos legales para evitar que recursos ilícitos se reintegren a la economía nacional sin una revisión judicial profunda.

Estas iniciativas buscan consolidar una estrategia integral contra el lavado de dinero y la corrupción, promoviendo la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos financieros en el país.